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Editorial de julio 2010

¿Y el Fondo PROMAR?

01 de julio de 2010

El 24 de Julio de 2010 se cumplirán tres años de la publicación de la nueva “Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables” en el Diario Oficial de la Federación Mexicana.

Dicha Ley en su Capítulo II trata el punto sobre el “Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola PROMAR”, en donde indica textualmente:

“El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, PROMAR, será el instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos adecuados, así como para garantizar a las instituciones financieras de banca de desarrollo, Financiera Rural o a los Intermediarios Financieros Rurales que operen con el Fondo, la recuperación de los créditos que se otorguen a las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas”.

A tres años de la publicación de la Ley, aún no existe el Fondo PROMAR, y mucho menos los esquemas financieros de los que hace mención dicha ley, para promover y facilitar el crecimiento de la acuicultura mediante créditos que se otorguen a las organizaciones de productores. Es más, después de la publicación de esta “Nueva Ley” no se ha vuelto a saber absolutamente nada del Fondo PROMAR, ni por parte de las autoridades correspondientes, ni por la H. Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que tampoco debe saber que existe una nueva ley y mucho menos habrá escuchado hablar del Fondo PROMAR.

Más adelante, la Ley es contundente y dice en su artículo 27: “El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales;

IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a los bienes pesqueros y acuícolas importados;

V. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público; y

VI. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto”.

Si retomamos el enunciado IV: “Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a los bienes pesqueros y acuícolas importados”, resulta inverosímil que uno de los principales problemas por los que no termina de desarrollarse el cultivo de tilapia en México es por los grandes volúmenes de tilapia importada principalmente de China, cuyos aranceles, cuando se cobran y se pagan, no contribuyen de ninguna forma al desarrollo de la producción mexicana, pues no hay mecanismos que permitan que estos aranceles se acumulen en el Fondo PROMAR para financiar a los productores mexicanos, porque este ni siquiera existe.

Hay otros proyectos de maricultura, donde los productores están haciendo enormes esfuerzos por conseguir fondos de financiamiento para esta actividad, considerada como “demasiada riesgosa” por las instituciones de financiamiento comerciales, que bien podrían acudir al Fondo PROMAR para buscar mecanismos que les permitieran soportar las enormes sumas de capital que se requieren para echar a andar un proyecto de este tipo.

Al final es una pena que esta “Nueva Ley” de Pesca y Acuacultura Sustentables, no pueda ser aplicada a cabalidad por falta de fondos financieros que posibiliten el fomento y desarrollo del sector acuícola; esto fue contemplado en su concepto e integrado a la Ley, pero en la práctica no se ha constituido. Y lo más penoso es que nadie haga nada al respecto.

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