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27 de mayo de 2009
La incapacidad de la industria acuícola mundial de elevar su importancia y potencial a los círculos legislativos de los propios países en donde se desarrolla, sumado a la falta de visión y capacidad de los funcionarios del Estado en crear y desarrollar planes estratégicos de largo plazo, se han visto reflejados en una baja en el crecimiento de la producción acuícola mundial en los últimos años.
Por fin, la incapacidad de la industria acuícola mundial de elevar su importancia y potencial a los círculos legislativos de los propios países en donde se desarrolla, sumado a la falta de visión y capacidad de los funcionarios del Estado en crear y desarrollar planes estratégicos de largo plazo, se han visto reflejados en una baja en el crecimiento de la producción acuícola mundial en los últimos años. Estas fueron las conclusiones de la última reunión del Subcomité sobre Acuicultura del Comité de Pesca (COFI) de la FAO que se celebró en la ciudad chilena de Puerto Varas, a 1,000 kilómetros al sur de Santiago del 6 al 10 de octubre del 2008.
Era de esperarse, la acuicultura, a excepción de los países altamente productores y de algunos ejemplos sobresalientes como Vietnam y otros países del sudeste asiático, no ha podido concebirse todavía como una actividad económica factible para impulsar el desarrollo económico; tampoco se ha podido dimensionar todo su potencial ante una falta de cultura y conocimientos técnicos por parte de los funcionarios del Estado encargados de generar estos planes de desarrollo.
Aún seguimos viendo en diferentes países que los altos puestos de dirección que le corresponden la acuicultura son encargados a viejos políticos del partido en turno, a compañeros de cruzadas legislativas, a fieles colaboradores y hasta amigos o parientes.
En esta situación, a pesar de la capacidad y pericia política que pueda tener el funcionario elegido, el tiempo que se invierte en su preparación y conocimiento de la industria es un reflejo de la disminución del crecimiento al que la FAO hace referencia.
Según las conclusiones de la reunión de la FAO, para satisfacer la demanda de pescados y mariscos prevista de una población mundial en aumento, la industria acuícola deberá producir un millón de toneladas anuales extra durante los próximos 22 años hasta alcanzar 80 millones de toneladas que se necesitarán en el año 2030 para mantener el nivel actual de consumo. En el año 2006, se cultivaron 57 millones de toneladas de pescados y mariscos, es decir la acuicultura tendría que incrementar el 28% de su producción actual, sólo para mantener el nivel actual de consumo en ese año. Si consideráramos al menos un ligero aumento en el consumo per cápita mundial, la necesidad del crecimiento de la producción acuícola sería entonces exponencial.
Algunos otros factores que la FAO considera que pueden estar incidiendo en esta baja del recimiento mundial de la acuicultura son: las dificultades de los pequeños acuicultores en países en desarrollo para exportar sus productos y la necesidad de incrementar su competitividad; la (sobre)regulación que tiene la industria para establecer nuevas empresas o centros de producción ante la falta de coordinación de las diferentes dependencias involucradas; la limitación en la disponibilidad y acceso a la compra de alimentos balanceados —ya que estos se han encarecido debido a los aumentos en la harina y aceite de pescado—; y la falta de programas de desarrollo que integren a los productores en acciones de autogestión de recursos, mejoramiento de la calidad y sustentabilidad.
Entre otras cosas, este reporte de la FAO apunta que la producción de la pesca y captura radicional “oficialmente” ha alcanzado su límite, lo cual hace hincapié en que la demanda mundial de pescados y mariscos sólo podrá ser satisfecha por la producción acuícola. Esta aseveración por sí misma debería ser tomada en cuenta por aquellos países que tienen un alto potencial de explotación acuícola pues es un área de oportunidad que se presenta para el desarrollo económico de regiones enteras, crear empleo y riqueza en zonas rurales y de alta marginación, evitar la migración de la población rural a los centros urbanos, y crear millones de empleos en las plantas de proceso, empaque, distribución y comercialización de los productos de la acuicultura.
Falta de planes y programas de desarrollo de largo plazo por parte de los países con potencial de producción, se señala como principal consecuencia.
27 de mayo de 2009
En México, como en muchos países de Latinoamérica la realidad supera a la ficción del más galardonado escritor en foros internacionales, quien en muchas ocasiones se queda atónito ante acontecimientos que por más creatividad invertida no pudo imaginar y plasmar en sus escritos y cuentos. Situaciones por demás inverosímiles, que escapan de toda lógica, pero suceden.
Por ejemplo, ya se ha hecho costumbre que el presupuesto que el Estado destina para la ejecución de diversos programas de fomento, apoyo, desarrollo de infraestructura, programas de difusión y capacitación, promoción de campañas de fomento al consumo, y desarrollo de proyectos ejecutivos para el sector pesquero y acuícola, se termine ejerciendo en los dos últimos meses del año. Estamos hablando del presupuesto que el Estado programó con meses de anticipación para ejercerse desde enero a diciembre del siguiente año, pero que en la práctica, los recursos se comienzan a aplicar entre agosto y septiembre, y todo se tiene que gastar antes de que termine diciembre del mismo año.
En un mundo organizado, este proceso supondría que los recursos de todos esos programas y proyectos se tendrían que ejercer desde enero de acuerdo a su programación, puesto que es “el presupuesto del año”. ¿Quién en su sano juicio hace un presupuesto para un año y se lo gasta en los últimos tres o cuatro meses? Esto no obedecería a un comportamiento lógico, sin embargo, para muchos países de Latinoamérica, esta es la realidad cotidiana.
Es una especie de engaño mutuo complaciente, veamos. El productor acuícola o pesquero, necesitado de los recursos del Estado (para desarrollar su proyecto, consolidar su mercado, ampliar la planta productiva, mantener en operación el Comité Estatal de Sanidad Acuícola, o el de Sistema Producto, entre varias posibilidades) acude a programas que el mismo gobierno propone y convoca.
El productor sabe que la “tramitología” para acceder a estos recursos no será fácil y se arma de paciencia para emprender el tortuoso camino.
El funcionario de gobierno sabe que todo lo que propone el productor en su proyecto no es posible realizarlo, sin embargo, no dice nada recibe la solicitud y empieza el trámite.
Después de una serie de idas y vueltas, el funcionario del Estado le comunica al productor que “solo falta una firma” para aprobar el proyecto. El productor sabe que esa firma se traducirá en meses y meses de espera; no dice nada, da las gracias y pide que se le avise en cuanto esté lista la aprobación y se puedan ejercer los recursos. Efectivamente, después de meses se aprueba el proyecto, se le llama al productor para que presente otra cantidad de papeles y que firme otras tantas copias. Ya es septiembre, el funcionario del Estado sabe que el proyecto que presentó el productor desde enero ya es toda una fantasía para estas alturas del año, sin embargo, no dice nada, entrega los recursos y condiciona a que se le entreguen cuentas en diciembre a finales de año. El productor que recibe los recursos, sabe que su proyecto ya para estas fechas es todo menos lo que se había planeado, sin embargo, endeudado y gastado no dice nada y recibe los recursos solemnemente comprometiéndose a entregar las debidas cuentas a finales de año.
Ahora dígame usted, ¿Qué clase de proyecto va a realizar el productor y qué clase de cuentas dará de los recursos ejercidos? El sentido común no podría llevarnos más que a pensar que el esfuerzo del Estado y del productor mismo, no va a terminar del todo por incrementar la competitividad de la empresa, fomentar más empleos o generar riqueza en su entorno, que sería el objetivo buscado por todos.
